Puede el sector privado adquirir y administrar la vacuna contra el Covid?

Con motivo de la Estrategia de Vacunas de la Unin Europea, a da de hoy se dispone, dentro del mbito comunitario, de cuatro vacunas autorizadas por la Comisin Europea -y bajo el amparo de la Agencia Europea del Medicamento (EMA)-, siendo stas: vacuna Comirnaty (de Pfizer/BioNTech y autorizada con fecha 21 de diciembre de 2020); vacuna de Moderna (autorizada con fecha 6 de enero de 2021); vacuna Vaxzevria (de AstraZeneca, autorizada el 29 de enero de 2021) y vacuna de Janssen (de Janssen/Johnson & Johnson, autorizada el 11 de marzo de 2021).

En Espaa, siguiendo la hoja de ruta de vacunacin de la Unin, se ha implementado la Estrategia de Vacunacin Covid-19, contando con las vacunas Comirnaty, Moderna y Vaxzevria para su administracin, y quedando a la espera de recibir prximamente el primer lote correspondiente a Janssen para iniciar su aplicacin en la poblacin espaola.

No obstante lo anterior, la citada Estrategia de Vacunacin en el pas, se encuentra muy rezagada conforme a los objetivos previstos inicialmente (tener al 70% de la poblacin vacunada a finales del segundo trimestre del presente ao).

Los datos publicados, arrojan unas cifras nfimas y muy por debajo de lo previsto, ya que tan solo aproximadamente el 10% de la poblacin espaola ha recibido la pauta completa, por lo cual, a priori, ahora no se espera obtener la inmunidad de rebao hasta el 12 octubre 2021. Ello deja a todas luces en evidencia que el plan de vacunacin no se est ejecutando conforme a lo previsto y anunciado.

Por tales motivos, cada vez son ms las voces autorizadas que plantean el por qu las empresas privadas no forman parte de la Estrategia de Vacunacin para la adquisicin y administracin de vacunas, cuando lo cierto y verdad es que no se atisba ningn tipo de impedimento legal al respecto.

Pues bien, cabe hacer mencin que la Estrategia referida ha sido actualizada en lo que va de su implementacin en seis ocasiones -el 20 de abril ha sufrido su ltima adecuacin-, pero mantiene la participacin nica y exclusiva del sector pblico, dejando sin cabida al sector sanitario privado sin argumento alguno que justifique su marginacin, mxime cuando su inclusin supondra alcanzar de forma ms rpida el proceso de inmunizacin de la ciudadana.

De tal manera, no resulta congruente el motivo de esta centralizacin por parte del Estado, ya que, tanto la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, como la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pblica -disposiciones clave en el ordenamiento jurdico espaol dentro de este campo de accin-, tienen como base la promocin de la salud y la prevencin de las enfermedades, as como la salvaguarda y recuperacin de sta con el objeto de proteger el derecho a la salud reconocido en el artculo 43 de nuestra Carta Magna. Mxime, insisto, cuando no existe restriccin normativa alguna al respecto.

Si bien es cierto que tanto la Agencia Europea del Medicamento como la Agencia Espaola del Medicamento y Productos Sanitarios tienen la competencia de autorizar la utilizacin y distribucin de cada vacuna, no es menos cierto el hecho de que, una vez que esto ha sido efectuado -como as ha ocurrido, estos organismos carecen de la potestad para impedir o restringir la obtencin del antdoto por parte del sector privado, teniendo en todo caso este sector la limitacin -a efectos de que los gobiernos no vean alterada su acceso al medicamento- de no poder adquirir los lotes que ha pactado la Unin Europea con los laboratorios que producen las vacunas autorizadas.

As pues, se considera que la actuacin del Estado frente a la puesta en prctica de la campaa de vacunacin contra el COVID-19, ha resultado insuficiente e ineficaz. De tal modo, resulta contradictorio el hecho de que si en el transcurso de la pandemia, el sector sanitario privado sirvi de auxilio realizando labores tales como pruebas PCR, atencin hospitalaria, entre otros, ahora se les haya excluido y no se les permita participar en el estado ms importante: el plan de vacunacin. Ms si cabe, cuando su intervencin slo producira resultados positivos, ya que representara desahogar al Estado en la ejecucin del procedimiento de vacunacin, as como alcanzar la inmunizacin de la poblacin de forma mucho ms gil.

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