Alta tensión / Análisis de Ricardo Ávila

Hace unas semanas, cuando Milena Flórez recibió la factura de la luz correspondiente al mes de julio, tuvo que mirarla dos veces para asegurarse de que había leído bien. A pesar de que lleva meses en lo que describe como “modo de ahorro extremo”, esta habitante de Barranquilla se sorprendió al ver que la suma a pagar por 30 días de consumo había subido a 294.000 pesos, 50 por ciento más que un año atrás.

Dice que el tema aparece en todas las conversaciones, ya sea de los papás del colegio al que asiste su hija o entre los compañeros y directivos de la empresa en la que trabaja. Sabe que en la Costa Atlántica las tarifas son las más altas del país y espera que las promesas sobre un alivio se vuelvan realidad pronto. “Cada cuenta es una agonía”, sostiene.

A juzgar por los anuncios de la semana que termina, la ayuda viene en camino. Tanto el Ministerio de Minas como el propio presidente de la República dijeron que piensan tomar cartas en el asunto. Durante el acto de clausura del congreso de Andesco el viernes, Gustavo Petro señaló que utilizaría un artículo del plan de desarrollo de la administración Duque “que nos permite asumir las funciones de la Creg (Comisión de Regulación de Energía y Gas)”.

Tales palabras fueron saludadas con un sonoro aplauso por parte del auditorio. La aprehensión de que por fin llegó alguien a ponerles un tatequieto a supuestos abusos que golpean a los usuarios del sistema generó expresiones de entusiasmo en diferentes ámbitos.
Sin embargo, unas cuantas voces hicieron un llamado a la prudencia. Más allá de la emergencia puntual y la búsqueda de fórmulas que les den una mano a los consumidores, la gran preocupación es que se debiliten los cimientos de una estructura institucional cuya solidez es clave. “No está de más recordar que hacer lo global no siempre equivale a hacer lo correcto”, recuerda el experto Jaime Millán.

Realidades estructurales

La admonición es válida en medio de una coyuntura compleja. Como es bien sabido, el costo del kilovatio en el país ha tenido una clara tendencia al plataforma, que supera con creces el ritmo de la inflación.

Según el Dane, al cierre de agosto el aumento anual en el índice de precios al consumidor iba en 10,84 por ciento, mientras que el renglón de electricidad registró un avance de 25,9 por ciento. anexo con los alimentos, este es uno de los principales responsables de la aceleración de la carestía.

Semejante comportamiento parece inexplicable cuando se tiene en cuenta que la matriz de generación energética de Colombia se apoya en plantas movidas por agua. Dado que ha llovido en abundancia y el nivel de los embalses supera el 80 por ciento de su cabida, la abundancia del líquido debería notarse en el valor del servicio, algo que claramente no ha sucedido.

Bajo ese punto de apariencia, alguien estaría recibiendo utilidades extraordinarias a costa de la población. De hecho, Petro en Cartagena invocó la necesidad de “garantizar que las comisiones reguladoras sean para regular los mercados en función del derecho universal, no para firmar los procesos de especulación financiera, como hasta ahora han realizado (sic)”.

Sin embargo, la realidad es mucho más compleja y tiene que ver con los diferentes eslabones de la cadena. Esta involucra las actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización, que van desde el momento en el cual una turbina se mueve para alimentar la red hasta el punto en el cual un ciudadano enciende un aparato en su casa o un industrial prende una máquina.

Cada segmento involucra esfuerzos y especialidades distintas. Construir una hidroeléctrica es algo que demanda ingeniería de alta dimensión, mientras que atender a tiempo a un cliente y responder bien a sus inquietudes exige empatía, cuadrillas en el terreno y buenas herramientas informáticas.

Si bien hay operaciones integradas, también se encuentran actores especializados. Parte del objetivo es que no haya abusos de posición dominante, lo cual requiere un número plural de jugadores anexo con una supervisión adecuada a cargo del Estado.

Quienes saben del asunto recuerdan que en Colombia la construcción vigente es resultado de muchos años de evolución que involucró imprimir de los fracasos. La crisis de 1992 –que comprendió racionamientos de hasta siete horas diarias– acabó siendo contundente para que se mejoraran las labores de planeación y se introdujeran mecanismos con el fin de evitar nuevos apagones.

Desde entonces, y más allá de una que otra emergencia ocasionada por el recurrente fenómeno del Niño, el servicio se ha prestado sin interrupciones. La senda de expansión se define con años de anticipación y de manera reciente incorporó fuentes renovables no convencionales como viento y luz solar, que forman parte del proceso de transición energética en el que está inmerso el mundo entero.

Todo lo anterior parte de un principio no escrito en el cual los diferentes actores saben a qué atenerse. Aun en medio de la incertidumbre, el propósito es que el marco esté bien definido para que no haya sobresaltos y que las empresas del ramo obtengan rendimientos aceptables y relativamente estables en el largo plazo.

Confluencia de temas

No obstante, los imprevistos forman parte de la orden del día. Para citar un ejemplo conocido, la llegada de la pandemia afectó las finanzas de millones de hogares, ante lo cual el Gobierno decidió aminorar el golpe, haciendo uso de lo que se conoce como la “opción tarifaria”.

Como consecuencia, los reajustes esperados acabaron posponiéndose con la intención de hacerlos efectivos una vez quedara atrás la emergencia sanitaria. Recuperar la carga de atrás –estimada en cuatro billones de pesos– acabó combinándose con un hecho que no estaba en el radar de nadie: algunas fórmulas de incremento, tanto en el interior de la cadena como respecto al público, se encuentran atadas al índice de precios al productor que calcula el Dane.

Y en este último caso, la guerra en Ucrania ocasionó una aceleración significativa, debido al saldo en la cotización de diversos insumos. La mezcla de ambos factores, anexo con imprevistos como el brinco del kilovatio en el mercado interno de corto plazo, acabó impactando de manera desproporcionada las facturas que recibió la ciudadanía.

Para los habitantes de la Costa Atlántica el golpe fue todavía mucho mayor, debido a la debacle de Electricaribe. En octubre de 2020 y después de casi cuatro años de intervención los activos de la sociedad en quiebra fueron escindidos y quedaron a cargo de dos compañías: Afinia, vinculada al grupo de Empresas Públicas de Medellín, y Air-e, cuyos accionistas controlan la Empresa de Energía de Pereira.

A cambio de entrar en un negocio que demandaba inversiones billonarias en redes y servicio, los nuevos participantes exigieron un esfuerzo tarifario particular. Este abarcó asumir un desmesurado nivel de pérdidas, pues cerca de una tercera parte de la energía que se distribuye no se cobra por cuenta de la proliferación de conexiones ilegales o la negativa de numerosos municipios a la hora de honrar sus obligaciones en áreas como el alumbrado público.

Más allá de las razones puntuales, el hecho es que a los clientes que sí pagan la cuenta promedio supera en cerca de 30 por ciento la que cancela alguien que vive en el centro del territorio nacional. Y el plataforma en los últimos 12 meses se acerca al 50 por ciento, como le pasa a Milena Flórez en Barranquilla, quien cancela más de mil pesos por cada kilovatio que usa.

Realizar el diagnóstico de lo que pasa puede sonar sencillo, pero es mucho más desafiante identificar los correctivos. Propuestas existen, como la que hicieron en una carta dirigida al ministerio de Minas los presidentes de Andesco, Asocodis, Acolgen y Andeg, los gremios del sector.

Para no entrar en honduras técnicas, basta subrayar que quienes han estudiado dicha iniciativa y otras opciones aseguran que el costo del kilovatio podría bajarse hasta en 200 pesos, al menos de aquí a diciembre. Aparte de que la ola invernal garantizaría agua más que suficiente para mover las hidroeléctricas, habría que aplicar el conocido “todos ponen”, que de paso preservaría el marco institucional.

Siguientes pasos

Sin embargo, tras lo dicho por Gustavo Petro el viernes, aparecieron incógnitas adicionales. “Con los mensajes enunciados de intervención presidencial en la Creg, nueva ley de servicios públicos en 2023, tratamiento de culpable a todo el sector privado, refundación de la prestación de los servicios públicos con modelos fundamentalmente públicos o comunitarios sin referencia a su sostenibilidad financiera, se eliminan las dudas sobre la política pública de servicios públicos de este cuatrienio”, afirma el investigador y consultor Juan Benavides.

Especialmente inquietante sería el propósito de establecer las tarifas a dedo. Aunque sin duda un alivio significativo le traería aplausos del público al Gobierno, existe amplia evidencia en otras partes del mundo respecto a los riesgos de darle prioridad al populismo.

“La impericia de la administración puede llevar a soluciones alejadas del análisis técnico y conducir al terreno de la destrucción de valor de activos”, agrega Benavides. “La ideología puede descartar instrumentos probados de solución de problemas, pero que se ignoran porque fueron creados antes del 7 de agosto de 2022”, concluye.
De ser así, en el largo plazo, lo que quedaría en entredicho sería la línea de expansión de la cabida de generación, que seguirá requiriendo inversiones millonarias.

Conseguir la financiación para construir plantas será más difícil, especialmente en caso de que la garantía de una tarifa justa está en veremos.

Y esa duda toca directamente al esfuerzo de apostarles a las fuentes renovables. El sueño de una potencia energética por el que tanto aboga la administración Petro podría verse en entredicho si no hay cómo ni con qué.

No menos peligrosa es la aparición de una enorme riesgo fiscal, en caso de que el Gobierno se vea obligado a asumir operaciones que hoy están a cargo del sector privado. Justo en momentos en que el Congreso empieza a debatir una mejora tributaria que escasamente servirá para cuadrar las cuentas públicas, lo que menos necesita el Ministerio de Hacienda es nuevos subsidios o acreencias que sumarían varios billones de pesos.

Hay quienes piensan que la Casa de Nariño simplemente está mostrando los dientes para que los involucrados en el asunto busquen aconductarse rápido ante el temor de que se derrumbe la estantería. Sin embargo, ello no exime a las autoridades de meterle el hombro a una serie de pendientes.

Por ejemplo, la línea de transmisión que llevaría la energía de los proyectos eólicos de La Guajira al resto del territorio nacional sigue en veremos, pues se deben hacer consultas con 89 comunidades, de las cuales faltan todavía 19, incluyendo nueve que no quieren hablar. De vuelta a Barranquilla, se requieren obras para mejorar la interconexión, pues de lo contrario será necesario seguir prendiendo las plantas térmicas del área a un costo de 260.000 millones de pesos mensuales.

A lo anterior se suma la entrada a tiempo de Hidroituango, los rumores sobre la mala gestión de Afinia y la politización de EPM, los tropiezos de decenas de obras en múltiples puntos de la geografía o el bloqueo a El Guavio, en Cundinamarca. Todo ello requiere para solucionarse de una gran cabida de gestión, buena gerencia y conocimiento, requisitos que no son evidentes en el Gobierno entrante.

“Claro que hay muchas cosas que se deben mejorar, pero también es posible cometer errores que pagaríamos durante generaciones”, advierte Jaime Millán. Algo imperdonable sería volver al pasado, cuando la corrupción hizo de las suyas con las electrificadoras departamentales y las empresas municipales.

Debido a ello, hay que tener cuidado con los cantos de sirena del populismo y exigir que las autoridades actúen de manera responsable, siempre en aras del interés general. Porque, de lo contrario, el país se expone a foguear en carne propia aquello de que la energía más costosa de todas es la que no se tiene.

RICARDO ÁVILA PINTO
​Analista sénior

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