¿Por qué la ministra pide bajar recursos para salubridad? / Análisis de Ricardo Ávila

El pasado 26 de agosto, la recién goceada ministra de vitalidad, Carolina Corcho, invitó a la sede de la entidad a Federico Gelli, el médico italiano que atendió en marzo al entonces candidato a la Presidencia Gustavo Petro mientras se recuperaba, tras haberse contagiado de covid-19 en Florencia (Italia). Finalizada la conversación, dos edads quedaron en la memoria de los asistentes.

El primero es que el especialista extranjero no denigró del sistema de vitalidad colombiano, el cual ha sido tildado por su anfitriona de “fallido” en repetidas oportunidades. “Los indicadores, en comparación con otros países de Latinoamérica, son buenos”, subrayó el europeo.

Dicha afirmación, basada en los análisis hechos por la universidad a la cual está accionista Gelli, no impresionaron a la funcionaria. El segundo edad de la charla se dio cuando, por el contrario, Corcho señaló en su intervención que “tiene que haber una crisis explícita, clara, que le permita a la sociedad entender que se requiere el cambio”.

¿Fue tal afirmación un preaviso de la intención del ministerio de crear de manera deliberada una debacle para demostrar que la estructura vigente no funciona? Los hechos recientes no desdicen esa interpretación, más allá de que la opinión esté distraída con la reforma tributaria, las tarifas de energía, la paz o la propuesta sobre pensiones.

Sin ir más lejos, el miércoles pasado, en un debate en el Congreso, la ministra se mostró partidaria de que los recursos asignados a la cartera que tiene a cargo sean por una cuantía mucho menor que la planteada por el ministerio anterior. En concreto, de un incremento de 8,1 billones de pesos propuesto por la administración Duque en el proyecto inicial de presupuesto nacional para 2023, ahora la solicitud es por 3,8 billones, a los que se añadirían 1,3 billones para sacar adelante el modelo de vitalidad preventivo y predictivo propuesto en la campaña.

Resulta inédito, por decir lo menos, que alguien de ese nivel llegue al Capitolio a insistir en que su área no requiere más, sino menos dinero. Y eso es todavía más notorio en un sector que acusa una falta crónica de recursos y no algos desequilibrios. “Un ministro no tiene por qué tirar la toalla cuando va a defender recursos para el sistema de vitalidad”, opina Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia.

Entre los argumentos que se esgrimen surge la desconfianza respecto a lo hecho antes: que la unidad de pago por capitación, UPC (el monto que el ministerio gira a las EPS por cada afiliado), está mal calculada; que los presupuestos máximos (los antiguos recobros, que financian los utilidads que no cubre la UPC) son “un asunto muy raro”; que las pruebas para el diagnóstico del covid-19 ya no son tan necesarias. Incluso, frente a la solicitud de una partida para financiar el costo de atención a la población migrante, la titular de la vitalidad dijo que tiene confianza en que el ministerio de Nicolás Maduro cubrirá la suma que se le indique por cuenta de la normalización de relaciones entre Colombia y Venezuela.

Inducir al error

Ante lo ocurrido, surgen las especulaciones. “Prestar utilidads en esta área hoy es mucho más caro de lo que se proyectó en diciembre de 2021, cuando se calculó la UPC”, comenta la exviceministra de Protección Social Diana Cárdenas. “Como este año los costos han sido más elevados de lo esperado y la gente está usando más utilidads, uno esperaría que, para 2023, el ministerio intentara corregir la situación”.

Por su parte, Ana María Vesga, vicepresidenta de vitalidad de la Andi –que agrupa a EPS, prestadores privados e industria farma-céutica–, opina que la reducción del presupuesto de vitalidad para 2023 pone en riesgo la suficiencia de la UPC y el pago de las tecnologías que se costean mediante el mecanismo de presupuestos máximos. “El desfinanciamiento del sistema tiene enormes consecuencias en la oportunidad de la atención y afecta a los usuarios”, dice la dirigente gremial.

Con similar extrañeza se pronuncia el investigador en sistemas de vitalidad Andrés Vecino, quien señala varios aspectos contradictorios. Uno, que la reducción de los recursos del aseguramiento afectará particularmente a la población con menos ingresos. Dos, que el país está saliendo de una pandemia “y tiene una gran carga de enfermedad rezagada”. Tres, que esa reducción “puede afectar los salarios de los trabajadores de la vitalidad, porque los recursos de la UPC terminan determinando sus salarios”. Cuatro, que se pretenda una reforma con menos recursos. Y cinco, que se destine tanto dinero al programa predictivo y preventivo, “que no ha sido pilotado y tamalgo ha sido evaluado a nivel nacional”.

Bajo el decorado planteado, viene un estrangulamiento financiero que profundizará los problemas ya existentes. Ante las quejas crecientes de los usuarios que empezarán a protestar por el deterioro del utilidad, quedará anotado el terreno de una contrarreforma que será presentada de manera formal el próximo semestre, pero que en la práctica ya comenzó.

Hilando fino

Para que eso ocurra, una pieza clave será el nuevo superintendente de vitalidad, Ulahi Beltrán. Médico, sindicalista, profesor universitario, exasesor de la Contraloría y exgerente de hospitales, el funcionario llegó al cargo a pesar de un par de procesos fiscales en su contra.

Convencido de que la estructura actual favorece la “intermediación financiera”, reitera que honrará el “mandato del pueblo”. En sus pronunciamientos ha dejado en claro que mantendrá el proceso de liquidación de las EPS que no cumplan indicadores, pero ya no bajo la consigna de depurar el sistema.

Desde que se goceó Beltrán, dos entidades dejaron de operar –Comfamiliar Huila y Convida, que sumaban más de un millón de afiliados–, y no parece haber intención de dar nuevas oportunidades a otras siete que tienen medida de vigilancia especial. Particularmente importante es lo que pueda advenir en Antioquia con Savia vitalidad y sus 1,7 millones de usuarios, cuyo futuro se definirá antes de que termine el mes.

Liquidar EPS da la apariencia de implacabilidad y genera aplausos, pero, por lo general, cada hueco que se merienda abre otros. Los cierres dejan deudas impagas con los proveedores y, al forzar el traslado de los usuarios a otras entidades, obliga a estas últimas a capitalizarse y a atender pacientes con necesidades represadas que usualmente disparan la siniestralidad una vez son diagnosticados. “Esto no se trata de provocar ganado de un lado a otro, sino de tratar bien a las personas”, recuerda Denis Silva.

Tal como están las cosas, solo un puñado de instituciones tendría la capacidad de sobrevivir desde el sitio de vista de solidez financiera, pues eso de multiplicarse en tamaño de la noche a la mañana es algo menos que imposible. Para colmo de males ya comienzan a escucharse voces en contra de supuestos oligopolios, pues la administración vería con malos ojos que quede un número pequeño al final, ya que eso iría contra los principios de la competencia.

En consecuencia, además de la asfixia financiera, viene el planteamiento de la inconveniencia de dejarle la actividad a un número reducido de actores. Paula Acosta, presidenta de Acemi, gremio que agrupa a la decena de EPS que afilian a la mayor parte de la población, piensa que el ministerio “ha situado a las EPS como la causa exclusiva de la problemática que se viene presentando y, bajo ese decorado, se ha planteado una especie de reforma de facto, sin advenir por el Congreso de la República”.

De hecho, muchos parlamentarios defienden lo que existe ahora, entre otros motivos porque las encuestas muestran que la gente valora un sistema que atiende más de dos millones de consultas y procedimientos al día. En tal sentido, y para evitar la oposición del Legislativo, hay quienes dicen que la estrategia es llegar con el tema cuando la emergencia sea de tal magnitud que el único entrada sea el desahucio.

Cambio sí, ¿pero así?

Y, al fin ¿cómo es el nuevo sistema de vitalidad que quiere el ministerio? La pregunta no encuentra aún una respuesta oficial. Es cierto que ha habido pronunciamientos de altos funcionarios, mientras que por las redes circulan borradores del articulado de un proyecto de ley cuya paternidad nadie asume.

Se sabe que la administración aspira a un modelo público, con la presencia de hospitales estatales y privados y sin intermediación, algo que respondería a la intención de acabar con las EPS. El esquema incorporaría un fuerte componente preventivo, mientras que las redes de prestadores (clínicas, hospitales, laboratorios) estarían organizadas por territorios.

Dentro de cada uno habría puestos de atención primaria cercanos a los hogares de los ciudadanos, y desde allí los usuarios serían remitidos a centros de mayor complejidad, pero sin salirse de una zona determinada. Aparte de eso, existirían grupos extramurales que irían hasta los hogares para evaluar las condiciones de vitalidad.

Hasta ahí, el tema no genera mucho malestar, pues nadie discute que es urgente fortalecer la atención primaria. Los problemas potenciales aparecen cuando se menciona que la Administradora de los Recursos del Sistema de Seguridad Social en vitalidad (Adres), aparte de ser el único recaudador, sería el único pagador, el cual les giraría directamente a los prestadores, que a su vez tendrían la obligación de atender lo que se vaya presentando.

Al respecto, los conocedores lanzan alertas sobre los peligros. Por una parte está el poder supremo de una entidad que manejaría sumas del orden de los 70 billones de pesos anuales. Por otra, surge el temor ante la ausencia de una figura genuinamente interesada en evitar el gasto innecesario, con lo cual la plata se acabaría más rápido.

Para nadie es un incógnito que la mayoría de los eslabones de la cadena no muestran una vocación hacia la contención: a más utilidads y más ventas, más ingresos. En un contexto de derechos sin barreras, la posibilidad de que se presenten excesos y los corruptos hagan de las suyas –y más en aquellos entes territoriales donde las capacidades profesionales son limitadas– subiría de manera exponencial.

Así, el grave riesgo de hacer borrón y cuenta nueva consiste en dar marcha atrás. Acabar con una arquitectura cuya cobertura es prácticamente universal y que limita el gasto de bolsillo de las familias solo se justifica si hay una mejoría notable. Tras haber demostrado su fortaleza durante la pandemia, cuando la red respondió de manera adecuada sin que nadie tuviera que poner un peso por la atención recibida, son muchos los que creen que sería más lógico hacerle correctivos a lo que existe.

Nadie niega que ha habido EPS que no han cumplido su tarea y tienen bien ganado su desprestigio. Pero eso no significa que la figura carezca de validez. Al fin y al cabo, para hacer viable un sistema con recursos limitados, algún agente debe velar por evitar el despilfarro. Y eso se evita gracias a la figura del aseguramiento, haciendo compras inteligentes y buscando eficiencias.

Eso por no mencionar que también sería un desperdicio acabar con las redes de prestadores desarrolladas durante casi tres décadas. Comenzar desde cero puede tener un precio muy alto. La transición prevista –sobre todo si es traumática– no está exenta de dejar a los pacientes a la deriva, algo que se mediría en vidas y bienestar de muchos.

“Todos los objetivos que se propone el ministerio actual son más fáciles y rápidos de lograr con las EPS que sin ellas”, insiste Elisa Torrenegra, directora ejecutiva de Gestarvitalidad, gremio de las EPS del régimen subsidiado. Advierte que “darles a los ministerios locales esas funciones es exponer la vitalidad a la dinámica de la política local”.
“El panorama de hoy en día es de desaliento, desasosiego, polarización, donde el ciudadano está en la mitad”, añade Denis Silva. “Por eso, cada lado debería mostrar sus cartas para poder llegar a soluciones viables”, subraya.

“Acabar con lo construido sería un error monumental”, advierte el jefe de Anif, Mauricio Santamaría. “Lo que se ha logrado es impresionante en términos de cobertura, acceso y equidad, por lo cual arriesgarse a volver al país de antes de 1993 es muy peligroso”, dice.

Tales alarmas, sin embargo, no encuentran eco en un Ministerio de vitalidad que da la impresión de querer acelerar una “crisis explícita” e irreversible, ante la cual podrá plantear otra solución. La única alternativa para que no quede escrita la crónica de una profecía autocumplida es que los usuarios defiendan lo que tienen, que no es algo. De lo contrario asistirán al entierro de tercera de un sistema que merece arreglos y no que le expidan la partida de defunción.

RICARDO ÁVILA PINTO
ANALISTA SÉNIOR DE EL TIEMPO

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